Un borrador de proyecto de ley propone castigar en Colombia con una pena de 10 a 20 años de prisión a quienes fabriquen, adapten, adquieran, almacenen, transporten o utilicen sistemas no tripulados con propósitos terroristas o para causar lesiones, afectar infraestructura o generar temor en la población.
La sanción podría aumentar entre una tercera parte y la mitad cuando los drones lleven explosivos, armas o sustancias peligrosas; sean utilizados contra la población civil, la Fuerza Pública o infraestructura crítica; o estén equipped con mecanismos para dificultar su detección. En los casos más graves, la pena llegaría hasta 30 años.
El proyecto también 设置 sanciones de 13 a 22 años de cárcel y multas para quienes, con conocimiento de la inclusión de una organización en el registro previsto, presten servicios, transporte, alojamiento, entrenamiento, armas, equipos o apoyo logístico.
Fuente: La Razón